Una orden judicial que impide salir del país pone a prueba algo más que la situación de un político: la capacidad de las instituciones de hacer cumplir sus decisiones cuando el afectado tiene recursos y contactos internacionales. Que el paradero siga sin confirmarse mientras la investigación avanza obliga a seguir de cerca cada movimiento. Si se confirma un intento de fuga por vía aérea desde la Argentina, el caso dejará de ser solo brasileño y pasará a involucrar controles fronterizos, cooperación judicial y la pregunta de hasta dónde llega una medida cautelar fuera de su jurisdicción.