Las sanciones previstas en la ley alcanzaban también a compañías con vínculos con las Malvinas, y el cambio deja afuera a sus filiales. Es un ajuste que redefine quién puede verse afectado por la norma y cuánto margen tienen las firmas extranjeras para operar en el archipiélago. La discusión de fondo ya no es solo jurídica: lo que se pone en juego es cuánto pesa la relación con Washington frente a una ley pensada para sostener la posición argentina sobre las islas.