La informalidad en el comercio electrónico le cuesta al país US$2300 millones por año, según las propias entidades firmantes. El acuerdo pone a las plataformas a controlar operaciones que hasta ahora se movían en una zona gris, y eso cambia quién responde cuando un producto entra sin pagar impuestos. Para el comprador que compra barato sin preguntar de dónde viene, la factura del descuento puede llegar después.