Un proyecto que define qué se considera amenaza a la seguridad nacional puede alcanzar a periodistas, organizaciones y ciudadanos que se expresan públicamente. La falta de acuerdo con los socios del oficialismo deja abierta la pregunta sobre cuánto cambiará el texto antes de votarse. Lo que se decida en esta discusión marcará los límites del poder del Estado sobre la información y la crítica.