Un recorte de más de 81.000 puestos representa una caída del 16% en el empleo estatal desde 2023, con impacto directo en organismos y servicios que dependen de esos trabajadores. El dato se presenta junto con la intención de avanzar en una nueva ley de semillas, lo que vincula el ajuste del Estado con cambios en la producción agropecuaria. Lo que se pone en juego es cuánto puede sostener el Estado su capacidad de respuesta con menos personal.