Cuando el ascenso de un funcionario depende de la voluntad política del Ejecutivo y su vínculo familiar con un ministro queda a la vista, la carrera diplomática deja de medirse solo por antigüedad y méritos. Esto pone en juego la credibilidad de un servicio exterior que se sostiene en reglas previsibles para quienes lo integran hace años. El caso también obliga al Senado a decidir si el procedimiento de ascensos conserva su función de control o se convierte en un trámite de acuerdo entre oficialismo y gobierno. Lo que se vote define qué criterio pesa más dentro del Estado a la hora de repartir cargos.