El proyecto pondría en juego sanciones concretas para compañías que explotan recursos en un territorio que la Argentina reclama como propio, así que su demora define si esa herramienta llega a aplicarse. Las presiones externas sobre el trámite muestran que la discusión excede al Congreso y se cruza con la relación bilateral con Washington. Lo que se decida en los próximos meses marcará cuánto margen tiene el país para sostener su reclamo con instrumentos propios.