Lo que está en juego es quién puede votar y cómo se verifica ese derecho en el estado más poblado de Estados Unidos, con millones de electores. Al pedir a los condados que depuren sus listas, el gobierno federal convierte una cuestión administrativa en un frente político en plena campaña, y cualquier error en la depuración puede dejar afuera a ciudadanos elegibles antes de las urnas.