Un desalojo de 200 personas migrantes en una ciudad fronteriza como Ceuta pone en juego el acceso a vivienda y a la asistencia de personas que muchas veces no tienen otro lugar adonde ir. La forma en que se ejecuta el operativo, con perfil bajo, define qué tipo de respuesta institucional se considera aceptable y qué rol cumplen las organizaciones que asisten a estas personas. Lo que se decida sobre el destino de los desalojados afectará tanto a sus condiciones de vida como a la presión sobre los recursos locales.