El proyecto apuntaba a aliviar a los hogares con deudas bancarias y de tarjetas, un problema que afecta a una parte grande de la población. Si queda cajoneado, las familias endeudadas seguirán sin un marco legal que les permita renegociar sus pagos. Al mismo tiempo, el endurecimiento frente a las universidades abre un nuevo frente de conflicto con el sector educativo. La discusión se juega en el Congreso, pero sus efectos llegan a la economía de cada casa.