Si la sesión se confirma, el proyecto llegaría al recinto con modificaciones que alteran sus puntos más sensibles, como las penalidades para empresas y las figuras penales vinculadas a injerencia extranjera. Cada cambio negociado redefine quién carga con las consecuencias de la norma y qué margen tendrá el Estado para aplicarla. El calendario también importa: aprobarla antes de fin de año condiciona la agenda legislativa del próximo período. Lo que se decida en las próximas semanas va a definir cómo funciona la ley en la práctica, más allá del texto original.