Cuando el Estado compensa a las empresas en lugar de subir el boleto, la cuenta no desaparece: se traslada al presupuesto público, que la pagan todos los contribuyentes, usen o no el colectivo. Para quien viaja todos los días, el congelamiento alivia el bolsillo en el corto plazo, pero no resuelve cuánto cuesta sostener el servicio ni quién lo financia el mes siguiente.