Si la iniciativa avanza, Bolivia tendría un precedente de penal de máxima seguridad al estilo del Centro de Confinamiento del Terrorismo salvadoreño, un modelo que tuvo fuerte repercusión regional por la reducción de homicidios y también por las denuncias sobre detenciones masivas. El proyecto se pondría en juego en un debate sobre cómo responder al crimen organizado con los recursos disponibles y con las condiciones de encierro como eje.