Cada aportante que deja de figurar en el sistema reduce el dinero que financia las jubilaciones actuales, y el Fondo de Asistencia Laboral llega en un momento en que esa base ya se achica. Cuando los ocupados pasan a la informalidad, la protección para la vejez se debilita para quienes hoy trabajan sin aportes, y el Estado tiene que cubrir la diferencia con recursos que salen de otras partes del presupuesto.