Un contrato de más de 26 mil millones de pesos colombianos con una empresa privada queda ahora en el centro de una disputa formal entre el Concejo y el organismo ejecutor. Si la suspensión prospera, se frenaría una obra pública que compromete recursos de la ciudad durante años. La respuesta del Idrd marca la posición oficial y deja expuesto el contrato al control político en Bogotá.