Un pago de hasta US$3000 para que menores migrantes abandonen Estados Unidos pone en juego la situación legal de familias que todavía tienen procesos abiertos. Quienes acepten la oferta podrían perder la posibilidad de reclamar un estatus migratorio más adelante, según advierten los abogados que cuestionan el esquema. La discusión gira en torno a cuánta información reciben los chicos y sus familias antes de decidir.