Un permiso de trabajo suspendido significa, en la práctica, quedarse sin ingresos para pagar alquiler, comida y gastos de salud mientras el caso migratorio sigue abierto. Las interrupciones temporales pueden durar lo suficiente como para cortar contratos y empujar a muchas familias a la informalidad. El impacto recae sobre personas que ya están en una situación de máxima precariedad.