Si el incidente prospera, la suspensión del voto a nacionalizados quedaría sin efecto y el caso podría sentar precedente sobre cuánto puede limitarse un derecho político ya reconocido. La discusión toca un punto sensible: la igualdad entre ciudadanos de origen y naturalizados frente a las urnas. Lo que se define es si la restricción se sostiene o cae ante un control judicial.