La ley de financiamiento universitario fija los fondos que deben recibir las universidades nacionales, y su incumplimiento afecta salarios, becas e infraestructura en todo el país. Que el reclamo llegue al Vaticano suma una instancia internacional a una disputa que hasta ahora se dio en el Congreso y en las calles. La respuesta del Gobierno y de la Iglesia determinará cuánto peso gana el conflicto más allá de las fronteras argentinas.