Una omisión formal en la publicación obligó a corregir una ley que concentra facultades legislativas, lo que vuelve a poner en foco los procedimientos de sanción de normas en el Perú. La corrección reordena la validez de la firma institucional del texto, aunque no altera su contenido. El caso muestra cuánto pesan los detalles administrativos cuando se trata de leyes de alto alcance.