El monto de 38.508 euros supera lo que habitualmente se fija en costas en causas de este tipo, y el aval del colegio le da carácter firme a la cuenta. Quien pierde un juicio en España puede terminar pagando los honorarios de la contraparte, y aquí esa regla alcanza a un alto funcionario. El caso deja en claro que una acusación contra un fiscal tiene un costo económico concreto para quien la sostiene.