Una empresa que le vende cámaras a la policía tiene dos públicos: los clientes que firman los contratos y los ciudadanos que terminan filmados. Según el material, el CEO de Flock les habría dicho a agentes, en un audio filtrado, que el rechazo contra la compañía no es real. Más allá de si lo es o no, la frase muestra a quién le habla cada vez que habla: a quien paga, no a quien es mirado.

Ese es el patrón de fondo de cualquier tecnología de vigilancia que se vende al Estado. El comprador es una repartición; el afectado, un vecino que no participó de la compra ni vio el pliego. Cuando el proveedor trata la crítica como ruido ante sus clientes, la discusión sobre dónde van las cámaras, quién accede a los registros y por cuánto tiempo se guardan se resuelve en una mesa a la que el vecino no fue invitado.

Acá no es un tema ajeno. La relación entre las fuerzas de seguridad y la vigilancia tiene historia propia: una tesis de maestría de la UNSAM (2024) reconstruye cómo el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal funcionó durante décadas como mecanismo de alta vigilancia política, hoy bajo el nombre de Cuerpo de Inteligencia Criminal. Y la Católica de Cuyo (2025), al analizar el uso de pistolas taser en la Policía de San Juan, recuerda que la seguridad ciudadana se define como una acción del Estado con la colaboración de la ciudadanía. Colaboración supone información y voz, no solo cámaras.

De ahí sale la medida de cualquier sistema de este tipo: no cuántos ojos instala, sino cuánto de lo que ve puede ser discutido, auditado y corregido por quienes son vistos. Una tecnología de control sin canal de reclamo no genera seguridad, genera dependencia del proveedor. Y cuando el proveedor decide por su cuenta que las objeciones no existen, la privacidad deja de ser un derecho y pasa a ser un dato más del contrato.