Cuando una autoridad local le retira la colaboración a una operación federal, la pelea deja de ser solo migratoria y pasa a ser sobre quién manda en el territorio. En Puerto Rico, donde la relación con Washington ya es delicada, la decisión puede tensar los vínculos entre el municipio y el Gobierno central. Para las familias que viven con miedo a una detención, el refuerzo legal es lo que determina si pueden defender sus derechos o no.