La disputa se da en el terreno de la comunicación política digital, donde el oficialismo progresista y la ultraderecha compiten por la atención de millones de usuarios. Si las acciones judiciales prosperan, el caso sentaría un precedente sobre hasta dónde pueden llegar los tribunales al intervenir en la militancia en redes. Lo que está en juego es quién define los límites de la participación política online en un país donde el voto se decide cada vez más en el celular.