La medición deja al Gobierno frente a una opinión mayoritaria en un vínculo que pesa en comercio, energía y en la agenda regional. Con dos tercios del país pidiendo gestos concretos, cada demora en reconocer a Lula se vuelve un costo político que el Ejecutivo tendrá que explicar. Lo que el Presidente decida con Brasil va a definir cuánto margen tiene para el resto de su agenda externa.