Las denuncias de abusos contra civiles en zonas de frontera suelen quedar fuera del alcance de la prensa y de los organismos de control. Si el relato oficial no se verifica con testigos independientes, la versión del Estado termina siendo la única disponible. La minería ilegal de oro mueve economías enteras en esa región, y quienes viven de ella pagan el costo de cada operativo con su sustento y su seguridad. Lo que se decida sobre estas denuncias define quién tiene voz cuando el Estado actúa lejos de los ojos de todos.