Es el uso de fuerza letal contra embarcaciones civiles en aguas internacionales, una práctica que cambia el enfoque de la lucha antidroga de la interdicción a la eliminación directa. Los sobrevivientes, si los hubiera, y los antecedentes de estos operativos quedan fuera del escrutinio público. Cuando el Estado decide matar sin juicio previo, la pregunta de quién controla esa decisión deja de ser teórica.