Con 13,4 millones de dólares de dinero público asignados a propaganda, el Estado termina financiando la campaña de todos los participantes, incluidos los que más tienen para gastar. La reglas de reparto definen qué tan parejo llega la competencia a los votantes en cada localidad. Cuando la plata sale del presupuesto, cualquier desigualdad en el acceso a los medios se vuelve un asunto de todos los contribuyentes.