Un contrato de US$ 1.750 millones se está ejecutando sin licitación pública, y el Estado lo presenta como un servicio sin costo. Fuks, amigo del presidente Javier Milei, aparece en la cadena que lleva al consorcio, y el ministerio había negado antes la existencia de contratos con "agencias". Lo que está en juego es cómo se asignan fondos de esta magnitud y quién controla los vínculos que los originan. Cuando el dinero público se mueve sin concurso, la pregunta deja de ser técnica y pasa a ser de confianza: el mismo Estado que pide transparencia a los demás tiene que mostrar primero cómo decide.