Cuando una causa queda sobreseída, el costo de reabrirla crece y la presión sobre los tribunales se vuelve el único camino. La PIA tiene competencia sobre funcionarios y podría revisar lo que quedó sin investigar. Lo que está en juego es si el sistema puede controlar a quienes tienen poder político, o si el caso termina archivado sin que nadie explique qué pasó con la inversión de miles de personas.