La denuncia lleva el caso a dos instancias con poder para investigar a funcionarios de alto rango, lo que obliga a esclarecer si hubo contratos irregulares en el Departamento Administrativo de la Presidencia. Si la red existió, el uso de fondos estatales para pagar servicios vinculados a personas con antecedentes de explotación sexual pondría en duda los controles internos del Estado. Lo que se decida en la Comisión de Acusaciones y en la Corte marcará hasta dónde llega la rendición de cuentas en los contratos de la administración central colombiana.