Que el juicio político siga adelante después de la renuncia presidencial marca un precedente sobre hasta dónde llega la responsabilidad de un mandatario en Paraguay. El procedimiento define si el Congreso puede sancionar a quien ya no ejerce el cargo y qué efectos tiene eso para la institucionalidad. Para la región, es un caso que se mira de cerca en cómo se resuelven crisis de poder. Lo que se decida va a fijar reglas para futuras disputas políticas.