Si se confirma que hubo funcionarios y fondos estatales detrás de la salida de Flávio Bolsonaro, la cuestión deja de ser un episodio de la política brasileña y pasa a comprometer a la diplomacia argentina y a quienes la conducen. El pedido de informes obliga al Gobierno a dar cuenta de qué se hizo, con qué recursos y quién lo autorizó. La discusión en el Congreso no es menor: define cuánto puede el Ejecutivo moverse fuera de la mirada pública cuando los temas son internacionales. Lo que se aclare va a fijar un límite para los próximos casos.