La disputa se traslada del debate político a la publicidad en la vía pública, un espacio que define quién puede hablar y quién no durante una campaña. Que una suspensión de este tipo se convierta en denuncia de censura muestra cómo las decisiones administrativas pueden convertirse en conflicto político. El gobierno municipal tendrá que justificar la medida con fundamentos verificables. Lo que queda en juego es si la regulación del espacio público se aplica de forma pareja a todos los actores.