Un ministerio entero queda en el centro de la discusión sobre seguridad ferroviaria, con 69 familias de duelo y un sistema de transporte que pasa a ser revisado bajo presión pública. La salida del cargo obliga a preguntarse quién responde por las fallas de un servicio que millones de personas usan a diario, y cuánto de esa responsabilidad se traslada a la gestión política y cuánto a la infraestructura. Lo que sigue será la investigación del accidente, y ahí se va a medir si la renuncia alcanza para cerrar el caso o si apenas abre otro.