La organización de los deudos convierte un reclamo local en una presión política concreta sobre una figura nacional de peso en el Congreso peruano. Cuando las víctimas de la represión se movilizan de forma conjunta, el conflicto deja de ser una discusión de coyuntura y pasa a medirse en la capacidad de una comunidad para imponer límites a la política de Lima. La pregunta de fondo es cuánto tiempo puede sostenerse la distancia entre el discurso de reconciliación y la memoria de los muertos en el sur andino.