La captura de un funcionario encargado de la seguridad municipal, sin orden judicial previa, deja abierta la pregunta sobre cómo se conducían las investigaciones que lo tenían como objetivo. Cuando quien debe combatir el narcomenudeo aparece acusado de cohecho, la confianza ciudadana en las fuerzas locales queda en juego y el caso puede obligar a revisar a quién se le asignó el control del territorio. El expediente que se construya en los próximos días definirá si se trata de una red interna o de un caso aislado.