La investigación alcanza a una funcionaria que ocupa un cargo de control sobre la protección de los derechos humanos, lo que pone bajo escrutinio los mecanismos de vigilancia dentro de ese mismo organismo. El caso también muestra cómo una operación de compraventa aparente puede servir para mover fondos por montos de varios millones de pesos sin que haya una transferencia real del bien. Quedará por ver si la causa avanza hacia la acusación formal y si la comisión estatal toma medidas sobre el cargo que la acusada ocupa.