El salto de 22 casos en 2024 a 120 en este año muestra una modalidad que crece a gran velocidad y ya superó todo el registro de 2025. Quien recibe una llamada que exige pagos por un familiar secuestrado, aunque no haya secuestro real, está expuesto a perder dinero en minutos. El desafío para las autoridades es responder a un delito que no necesita movilizar personas sino solo convencer a una víctima por teléfono.