Si se concretan, los vuelos implicarían trasladar a personas a países con los que no tienen vínculo, separándolas de sus familias y de su red de apoyo en Estados Unidos. Los detenidos enfermos enfrentan el riesgo de perder el acceso a tratamientos que ya recibían. Es un caso que pone a prueba los límites de la política migratoria y el trato a personas que todavía no fueron juzgadas por nada más grave que su situación administrativa. La falta de precisión sobre fechas y destinos aumenta la incertidumbre para quienes están detenidos.