Una denuncia ante la CIDH pone en discusión internacional la autonomía de los jueces en Costa Rica, un punto que sostiene el equilibrio entre poderes. La negativa oficial abre una disputa sobre los hechos que todavía no se resuelve. Lo que está en juego es si el reclamo prospera o queda como un cruce de versiones entre el Poder Judicial denunciante y el Ejecutivo.