Si se confirma que personas sin cargo formal influyeron en decisiones de un ministerio, cambia la discusión sobre quién manda realmente en la administración pública y quién responde por esas decisiones. El caso ya está en manos de la justicia, que deberá determinar qué pasó y qué responsabilidades caben. Mientras tanto, la acusación se sostiene en el testimonio de un funcionario liquidador, y las señaladas tienen derecho a defenderse. El expediente que se abre ahora define si el poder informal dentro del Estado puede seguir sin control.