La homologación habilita a los productores afectados a acceder a los beneficios previstos por la legislación vigente, entre ellos los alivios para pagar deudas y las asistencias para recuperar la actividad. Durante seis meses el campo de estas zonas depende de esa ayuda para sostener la producción tras el agua acumulada. Si la emergencia no alcanza a cubrir las pérdidas, el costo se traslada a quienes viven de la tierra, que deberán decidir entre resembrar, vender hacienda o endeudarse de nuevo.