La continuidad de 700 puestos depende de que se cumplan las condiciones previstas en la operación, algo que todavía no está confirmado. Si la transacción avanza, el caso muestra cómo una compra corporativa pasa a ser un asunto de empleo que el Gobierno sigue de cerca. Lo que se ponga en juego en esas condiciones definirá cuántas familias quedan dentro de la cadena.