El caso muestra cómo la normativa de patrimonio protegido limita el uso de espacios históricos aunque la actividad tenga público y promoción asegurada. Un cementerio declarado bien de interés cultural exige autorizaciones previas que cubren desde la seguridad hasta la conservación del lugar. Sin ese trámite, cualquier organizador queda expuesto a sanciones y a la cancelación del evento. La discusión deja en claro que la pregunta de fondo es quién decide qué usos son compatibles con un sitio de memoria colectiva.