Lo que está en juego es si los controles internos y judiciales funcionan cuando el denunciado es parte de la propia fuerza. Un pedido de pena de hasta 4 años y 10 meses pone en el centro la responsabilidad de quienes deben cuidar a los detenidos y a la comunidad. El resultado va a marcar cuánta confianza puede tener un vecino de Roca en que una denuncia contra un uniformado termine en una sentencia.