El inicio del juicio abre por primera vez en un tribunal oral la discusión sobre la maniobra patrimonial atribuida a la familia que gobernó el país durante doce años. Los acusados enfrentan la posibilidad de condenas por lavado y administración fraudulenta, con penas que podrían implicar prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Lo que se resuelva aquí marcará el alcance de la Justicia sobre el poder político de la última década.