La afirmación pone en el centro del debate público el poder que concentran unas pocas empresas de tecnología sobre la vida cotidiana, desde el trabajo hasta la información que circula. Si la lectura es correcta, las decisiones sobre plataformas, algoritmos e infraestructura digital dejan de ser asuntos técnicos y pasan a ser cuestiones de organización social. Quien la sostenga tendrá que explicar quién decide, con qué legitimidad y bajo qué controles, y esa discusión recién empieza.