Hoy la conexión de una estación de carga depende de trámites que pueden extenderse sin un límite claro, y eso frena la inversión antes de que se instale el primer cargador. Si los plazos se vuelven obligatorios, los operadores podrán calcular costos y cronogramas con más previsibilidad, algo que los fondos de inversión suelen exigir. Para quien compra un auto eléctrico, la diferencia se mide en cuántos puntos de carga aparecen en la ciudad y en qué plazo. La pregunta de fondo es si el apuro por conectar no termina trasladando a la red los problemas que hoy se acumulan en el papeleo.