El reclamo apunta a que se cumpla una ley ya sancionada, lo que pone en juego el presupuesto con el que funcionan las universidades nacionales. Si la norma no se aplica, las casas de estudio deberán sostener gastos de salarios, becas e infraestructura sin los fondos previstos. Los estudiantes y docentes que dependen de esa financiación son los primeros en sentir el impacto de la disputa. La pregunta de fondo es si una ley aprobada por el Congreso tiene valor cuando el Estado decide no ejecutarla.